Justicia

  Las deficiencias de la unidad que busca a los desaparecidos de México

Por Gaudencia Vargas Ortiz 

      A más de un año de su creación, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México carece de estructura, procedimientos de coordinación con otras instituciones oficiales, personal y transparencia en el manejo del presupuesto, así lo acusan familiares y organizaciones de personas desaparecidas.

Búsqueda de justicia y esperanzas 

     El 10 de mayo de 2014 cientos de personas realizaron una marcha del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para exigir la búsqueda y localización de sus familiares, entre ellas Alicia Trejo, quien busca a su hijo Francisco Alvabera Trejo de 22 años, desaparecido en la misma ciudad.

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      Alicia recordó que el 9 de mayo de 2013, ella y nueve familiares más realizaron una huelga de hambre afuera de la Procuraduría General de la República para exigir la búsqueda de los desaparecidos en México, que según datos oficiales -revelados en febrero del mismo año-, rebasaban los 26 mi, según informó la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación Lía Limón. 

      Una semana después, las familias se reunieron con Jesús Murillo Karam, procurador general de la república y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación, quienes se comprometieron a crear la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) en un máximo de diez días.

     “Nos mostraron su mentada unidad que no tenían ni estructurada: 9 ministerios públicos y 12 policías” dijo Nancy Rosete, una de las madres en ayuno.

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       Los familiares levantaron la huelga y el 27 de mayo las autoridades federales anunciaron la creación de una unidad especializada para buscar a los desaparecidos, y aunque reconocieron que carecía de estructura, personal y recursos, dijeron que acomodarla era cuestión de días. “Ya puede funcionar y faltarán cosas legales, que iremos acomodando poco a poco, y un lugar digno donde ustedes sepan que en ese lugar tendrán todas las respuestas”, afirmó Jesús Murillo Karam.

      Con la finalidad de conocer la estructura y funcionamiento de UEBPD se solicitó entrevista con el titular de la misma, Salvador Baltazar Samayoa, y a través del Instituto Federal de Acceso a la Información se pidió información sobre el trabajo realizado en el primer año de trabajo,  pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

      Jorge Verástegui González, miembro de la Fundación de Nuestros Desaparecidos de México, dice que desde mediados de 2011 “se tuvo la primer interlocución con el gobierno federal y se empezó a exigir la creación de una subprocuraduría especial para la búsqueda de personas desaparecidas, ya con un rango mucho más elevado que una unidad, obviamente con toda una infraestructura en cuanto a agentes del Ministerio Público y a policías de investigación”.

      Verástegui asegura que desde dos meses antes del anuncio de la unidad, las autoridades federales ya la habían presentado a FUNDEM. “Con la huelga, podíamos decir, se logra amarrar y la hacen pública, lamentablemente sale como una unidad adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, con muy  poco personal en cuanto a ministerios públicos, con pocos recursos y sin estrategia clara de qué es lo que iba a ser”.

Sin estructura ni coordinación

      Más de un año después, familiares de personas desaparecidas no reconocen avances significativos en sus casos. “Se están haciendo diligencias pero empezando desde cero, estamos en espera de ver resultados”, comentó Alicia.

     El representante de FUNDEM señala que “lo que están haciendo (las autoridades) es atender caso por caso, como si fueran cosas aisladas, cuando nosotros les hemos presentado nuestra documentación sistematizada, donde les decimos que hay patrones que nos dicen que esto es algo generalizado”.

     A principios de junio, y de manera encubierta, Revista Lithoral acudió a la sede de la Unidad en la Calle López, número 12, en la Ciudad de México a una reunión entre familias, ministerios públicos y el titular de la UEBPD, Salomón Baltazar Samayoa.

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    Después de que un familiar se quejara por no haber recibido un buen trato por parte del agente del Ministerio Público que lleva su caso, Salomón dijo a su equipo de trabajo que en las labores de búsqueda deben permanecer la sensibilidad y disposición para aceptar nuevas propuestas. “Siempre que haya la mínima posibilidad que rinda frutos esa propuesta hay que acogerla, hay que verla con buenos ojos. No caigamos en prejuicios de que esto no va a funcionar”. Agregó que la investigación en los casos de desaparición es muy desgastante, no solo para los familiares si no para los funcionarios.

     “Yo estoy seguro que habrá días donde algunos (agentes) digan “nos vamos”, pero mientras hay que aguantar”, concluyó el titular de la UEBPD.

     Después de la reunión, de aproximadamente 20 minutos, el funcionario invitó  a que cada familiar pasara con el agente del ministerio público encargado de su caso y, si tenían alguna observación extra, podían acudir a su oficina.

     Rosa (nombre ficticio) lo hizo, con el fin de solicitar el acompañamiento de su agente y los recursos económicos para cubrir los gastos de pasaje, comida, hospedaje y trámites, que se generarían al viajar a los estados colindantes de la entidad donde desapareció su hijo, pero el funcionario le dijo que él solo autorizaría dinero y personal para buscar en los municipios más cercanos, ya que él no veía la necesidad de hacer “turismo victimario”.

    Luego de obtener esta respuesta, Rosa fue atendida por el agente del ministerio público asignado a su caso, quien le informó que ya se había mandado el perfil genético y las solicitudes para la identificación de los cuerpos en calidad de desconocidos a los Semefo de los estados colindantes, pero seguía en espera de la mayor parte de la información. El agente añadió: “En el aspecto gubernamental de los Semefo no están como realmente se solicitan y dependiendo del estado no se tiene el mismo servicio. No está todo unánime, como en las películas —de que voy a meter este dato y me sale todo— jamás, eso sería ideal”.

    Minutos después, el agente mostró a Rosa una carpeta con fotografías de cuerpos y pertenencias no identificadas, mientras que explicó que “para hacer lo de la genética son kits y son caros, entonces lo que es Tabasco, Chiapas y Guerrero están en el hoyo… Nosotros pedimos un registro, que como vayan llegando se vayan registrando y no lo tienen, entonces también se complica la búsqueda…Todo lo están proyectando de este año a 2016 que ya todo sea unánime, uno dice ‘falta dos años para eso’ ¿pero mientras?”.

La importancia de una base de datos 

      Organizaciones civiles argumentan que la falta de claridad en la metodología, para la búsqueda y localización de los desaparecidos, se debe en gran parte a que no hay una base de datos a nivel federal.

 Verástegui dice que se ha dado cuenta que “en los estados, no en todos, tienen una base forense, en las instancias federales como la PGR y la Policía Federal tienen otros bancos de datos… pero no hemos podido ver que se logren coordinar adecuadamente.  Aunque ellos digan que tienen una gran base de datos, que es la que están depurando, pero al menos forense, donde guardan todas las fichas antemortem, las fichas de ADN, no hay  algo en concreto. No existe una base compartida entre los gobierno locales y federal para estar cotejando esas muestras que van tomando de los familiares y de los restos que van identificando”.

    Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México, insiste en que “tiene que haber una base de datos transparente y pública, no datos confidenciales pero sí que den información básica y pública como los lugares donde las personas están desapareciendo, las edades, su género y el motivo de porqué están desapareciendo”, y agregó que en la UEBPD “hay una falla estructural, está sobrepasada y no cuenta con los recursos suficientes… En el gobierno se demuestra dónde está la preocupación por donde está el dinero, y en este caso, el dinero no está en la unidad para la búsqueda de personas”.

Los recursos de la UEBPD 

     Según la información obtenida de forma encubierta, la unidad cuenta con 24 agentes del ministerio público y cada uno de ellos lleva de 20 a 25 casos actualmente, por esto, una diligencia tiene que ser planeada con tres o cuatro semanas de anticipación para contar con los recursos humanos y económicos.

     En el análisis del presupuesto de egresos de la Procuraduría General de la República del 2014 se informó que en promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito el ejercicio ascendió a 108,478.2 miles de pesos con una disminución de 19.9% en comparación al presupuesto aprobado (135,451.7 miles de pesos). De estos egresos, se dio a conocer que una parte se destinó a la UEBPD “para realizar actividades tales como cateos, inspecciones, comparecencias, entre otras, dando como resultado, la localización de 44 personas desaparecidas”, pero no se especifica cuánto.

     A principios de 2014, mediante un documento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el presupuesto de egresos de la federación se le asignaría 40 millones, 209 mil, 005 pesos a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, divididos mensualmente.

Mes Cantidad
ENE 1,217,390
FEB 1,309,777
MAR 1,309,777
ABR 2,434,733
MAY 2,434,733
JUN 2,434,733
JUL 13,309,803
AGO 2,998,279
SEP 2,998,279
OCT 3,192,279
NOV 3,379,383
DIC 3,188,995
TOTAL 40,208,161

      Para familiares como Alicia no es suficiente: “queremos un mayor presupuesto, más recursos humanos, policías de investigación para que verdaderamente se haga esa búsqueda”.

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    Sin embargo, AI considera que el problema del presupuesto va más allá de la cantidad designada.

     “Las preguntas son ¿De verdad lo están invirtiendo?¿Lo están ejerciendo de manera correcta? En este caso no se ha hecho el análisis”, concluye  Quiroz.

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